Sabaneta, Antioquia – En un fallo que remueve la confianza ciudadana en las instituciones financieras locales, una excajera de una sucursal bancaria en Sabaneta fue condenada a siete años de prisión por apropiarse de 435.896.654 pesos del banco donde trabajaba.
La mujer fue identificada como Jenni Marcela Ortiz Díaz, quien aceptó los cargos durante la audiencia de acusación, lo que facilitó que el juez dictara sentencia en su contra por el delito de hurto calificado y agravado.
El modus operandi: entre cámaras, distracciones y traiciones
Según el material probatorio reunido por la Fiscalía Seccional Medellín:
- El hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2024, cuando Ortiz Díaz estaba de turno como cajera principal en la sucursal ubicada en Sabaneta.
- Manipuló y desconectó las cámaras de seguridad de la entidad, asegurándose de eliminar pruebas visuales que la vincularan directamente con el hurto.
- Con llamada telefónica a la central bancaria, solicitó la apertura remota de la bóveda para tener acceso al dinero.
- Para facilitar su maniobra, pidió a un compañero que saliera de la oficina a recibir un domicilio que ella misma había “solicitado” —una distracción que le permitió actuar sin testigos inmediatos.
- Con el dinero en una tula, huyó del lugar y no regresó a sus labores desde ese día.
La captura de Ortiz Díaz se produjo en enero de 2025, luego de un operativo policial que permitió relacionarla con el hurto.
La defensa pidió casa por cárcel, pero fue rechazada
Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que Ortiz Díaz padecía una enfermedad grave y solicitó el beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, Medicina Legal no validó la dolencia alegada, por lo que la sanción deberá cumplirse en centro carcelario.
Así, el juez vinculó los hechos probados con la normativa correspondiente al hurto calificado agravado y determinó una pena de siete años de prisión como sanción principal.
Reacciones locales: indignación y dudas sobre controles internos
En comunidades locales de Sabaneta y en el gremio bancario, la noticia ha generado:
- Indignación ciudadana, al ver cómo una persona de confianza que manejaba altas sumas pudo vulnerar controles internos con aparente facilidad.
- Preguntas sobre los protocolos de seguridad del banco: ¿cómo fue posible manipular las cámaras sin alertar a la gerencia o seguridad?
- Preocupación institucional: socios, usuarios y empleados del banco demandan revisión inmediata de procedimientos, auditorías y mecanismos de vigilancia más estrictos.
Reflexión final: lección para el sistema financiero local
Este caso no es solo una historia de engaño: es una advertencia. Cuando la confianza institucional se quiebra, las repercusiones son más profundas que los montos robados. Los bancos deben asumir que los controles no pueden ser meramente formales, sino operativos, constantes y con capacidad real para detectar fallas internas.
Para Sabaneta, es un llamado a exigir mayor transparencia, vigilancia ciudadana y exigencia de responsabilidad para los empleados que manejan recursos públicos y privados. Que una excajera termine condenada no basta; es necesario reconstruir la credibilidad institución por institución.
